Si se quiere
que en el 2020 haya mayor celeridad en la terminación de viviendas por la vía
de subsidios a personas naturales, los organismos vinculados con la tarea deben
revisar a profundidad las causas y condiciones de un grupo de dificultades
detectadas por la Comisión Permanente de Construcción de la Asamblea Provincial
del Poder Popular en Las Tunas, la cual presentó un riguroso y detallado informe sobre el
asunto en la Sesión Ordinaria del órgano de Gobierno, efectuada el 9 de
noviembre.
Quizás hayan
resuelto muchos de los más de 20 problemas encontrados en los municipios, que
dan idea de la imprescindible corrección en los respectivos territorios para
evitar similares escollos en el próximo año, máxime cuando se comprobó que
algunos se arrastran de años anteriores.
Lamentablemente,
tan noble programa establecido por el Estado desde el 2011 con la asignación de
207 millones 240 mil 500 pesos para socorrer a las familias con menores
ingresos monetarios en la provincia de Las Tunas, registra cuestionados males,
encabezados por la morosidad en el proceso de los casos presentados al Consejo
de Administración de cada Asamblea Municipal del Poder Popular y las asignaciones
de montos financieros por debajo de los necesarios para pagar las manos de
obras, lo cual conspira contra las conclusiones de hogares, con las
correspondientes complicaciones para los beneficiados que generalmente deben asumirlas.
Las anomalías
tocan a las tiendas de ventas de materiales, sobre las cuales se registran
preocupaciones referentes a personas que merodean por los alrededores con la
intención de adquirir productos para revender, la mala calidad de algunos
surtidos y la existencia de unidades con desfavorable presencia física.
Pese a
diversas insistencias, todavía subsisten inconformidades por la cantidad de
trámites que deben realizarse, principalmente para iniciar las edificaciones. Igualmente
aparecen quejas por lentitud en Planificación Física en la entrega de proyectos
y licencias, lo cual molesta a las personas necesitadas de tales documentos para
comenzar a levantar sus casas.
Aunque en los
ocho territorios mantiene máxima prioridad la producción local de materiales de
la construcción, los resultados no son parejos, y tal razón influye en la
marcha desigual en el cumplimiento de los planes previstos.
Preocupa la
lentitud de algunos organismos responsabilizados con el enfrentamiento a las
ilegalidades, pues quedan 100 casos de los recomendados para eliminar; y sigue
la inestabilidad de técnicos de viviendas en la base, lo cual conspiran contra
la asesoría de la tarea en las comunidades.
A pesar del
grupo de problemáticas encontradas, indistintamente en los ocho municipios, la
comisión valuadora del asunto reconoce avances generales de la tarea, pero
considera que pudieran ser superiores si los factores vinculados con la cuestión
hubieran aplicado mayor intención, seguimiento, rigor y decisión en la
agilidad de la erradicación de los problemas detectados en cada municipio.
Concretamente,
pese a las limitaciones en las entradas de recursos vitales como cemento y
cabilla, las terminaciones hubieran registrado menos complicaciones, y en la
etapa final de año fuera inferir el corre corre, lo cual puede incidir en que determinados
hogares quieran entregarse sin toda la calidad requerida.
El real
panorama alerta a las instituciones encargadas de la tarea a elevar las
acciones claves como control, sistemático chequeo y exigencia para dejar atrás
las notables incongruencias, que empañan el noble propósito estatal y demoran
el completo beneficio a las personas necesitadas.
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