Con
insistencia el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, reclama el
fortalecimiento del combate contra las conductas incorrectas en los distintos
sectores para que los recursos asignados a cada dependencia logren los
objetivos previstos y no se desvíen hacia destinos no planificados.
El
permanente interés gubernamental tiene relación directa con los múltiples casos
lamentables que detectan anualmente en los diferentes territorios, y que
interfieren en avances de indicadores socio-económicos.
Como respuesta a la imprescindible exhortación, este
año demanda especial atención en que las asignaciones de materiales rindan lo
concebido, como imperativo ante las complejidades económicas de la nación,
agravadas por las limitaciones
financieras, el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la Mayor
de las Antillas y el estrechamiento del cerco imperial para ahogar por la
fuerza a los pueblos de orientación socialista en América Latina y el Caribe: Venezuela,
Cuba y Nicaragua.
Frente al delicado
panorama, el Gobierno de Las Tunas exige a sus estructuras la concreción de
acciones para endurecer el trabajo preventivo durante el 2019, teniendo como
antecedentes más cercanos los casos de corrupción, deleito, ilegalidades e
indisciplinas sociales, detectados en el 2018, que ocasionaron cuantiosas
pérdidas.
En la
mencionada etapa el enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas sociales de
personas naturales y jurídicas en el ordenamiento territorial y urbanístico,
permitió eliminar 384 hechos indebidos; en tanto, el delito creció en el 10 por
ciento en comparación con el lapso precedente con marcada incidencia en hurtos
y robos con fuerza: En el sector estatal las mayores problemáticas ocurrieron
en Comercio con acento en bodegas, y en la Agricultura impactó en la ganadería,
aunque en esta última fueron bastante golpeados los tenedores privados con el
85,6 por ciento de las denuncias.
La lucha
contra las conductas torcidas logró desarticular 57 casas-almacenes y 35 puntos
de ventas de distintos productos, 19 fábricas y nueve talleres vinculados con la elaboración de refrescos y
bebidas alcohólicas.
Durante el
período ejecutaron 44 acciones de autorías, de las cuales 21 obtuvieron
calificación negativa, de ellas 13 con categoría de mal y ocho con deficiente,
que representaron el 48 por ciento, creciendo en el 16 por ciento con relación
al 2017. Las incidencias fueron en Cultura, Deportes, Comunales, Comercio,
Trabajo, Salud, Educación, Industria Alimentaria y Vivienda.
En
correspondencia con los resultados enumerados adoptaron 109 medidas
disciplinarias a los declarados responsables administrativamente, de ellas a 27
directivos, 19 ejecutivos y 63 a trabajadores, consistentes en 62
amonestaciones, cinco demociones definitivas, nueve separaciones definitivas,
dos demociones temporales, 26 multas y cinco traslados.
En cuanto a
la corrupción, detectaron 32 casos con implicación en los sectores de Comercio
y Gastronomía, Industria, Transporte, Construcción, Educción, Cultura, Deportes
y Justicia. En el nivel de base repercutieron en el 58,6 por ciento; mientras,
en la instancia municipal fue del 27,6 y en la provincial del 13,8. Estuvieron
implicados los municipios de Las Tunas (13), Amancio (6), Jesús Menéndez (5),
Manatí (3), Puerto Padre (2), Jobabo (2) y Majibacoa (1).
Los datos
expuestos aconsejan que en el presente año no puede andarse con medias tintas ni
paños tibios para reforzar la exigencia y el control interno de los bienes a
fin de interferir severamente en las distorsiones, que tanto dilapidan los
recursos y deterioran los procedimientos profilácticos para evitar
incongruencias.
Aunque en
las diferentes estructuras del territorio existen los planes para detener los
desvíos de pertenencias estatales, cooperativas y propietarios privados,
necesitan que no duerman placenteramente en gavetas, sino que funjan como
acciones sistemáticas para favorecer la legalidad socialista y el uso adecuado
de los materiales como mecanismos imprescindibles para impulsar el desarrollo
socio-económico.
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