sábado, 25 de abril de 2015

Un modelo autóctono



Quienes nos critican por la actualización del modelo económico y social de Cuba, podrán comprobar su real y firme proceder en todos los campos de la sociedad.
Un aspecto clave ha sido la política para diversificar las formas de explotación de la tierra, pues a la estatal, privada y cooperativa se ha incorporado la variante de las entregas en usufructo, aquellas áreas estatales improductivas..

Primero se hizo por el Decreto-Ley 259 y ahora por el 300. Ambos contribuyen al incremento de las labores agropecuarias y cañeras del país y Las Tunas en particular.
Puedo decirles que en el territorio se han asignado más de 131 mil hectáreas de tierra en usufructo se han entregado  a una cifra superior a las 14 mil personas en la provincia, como parte de la política emprendida en  Cuba para explotar las áreas agrícolas ociosas.
Con eso se han multiplicado las producciones de vianda, hortaliza, grano, fruta, leche y carne. También se ha ascendido en la incorporación de mujeres y jóvenes a las labores agropecuarias y cañeras. No obstante, se atiende el 84 por ciento de lo otorgado, pues el resto no se aprovecha, y otras 108 mil hectáreas inutilizadas pueden repartirse, mediante las comisiones agrarias creadas al efecto en los municipios y la provincia.
Lamentablemente, se contrata menos del 50 por ciento de lo logrado en este frente y en los demás del Sistema de la Agricultura. Por lo tanto, más de la mitad de lo obtenido, se desvía de los destinos priorizados para el pueblo.
Al examinar el asunto se hace evidente la necesidad de mejorar la atención a los usufructuarios, incrementar la contratación y la comercialización de las producciones a fin de aumentar los abastecimientos en los mercados e influir en la baja de los precios, que todavía están elevados, pese a la multiplicación de las cosechas.
Cuestiones esenciales para avanzar en los resultados de la justa medida, competen al reforzamiento de la vinculación de las juntas directivas con los productores para atenderlos y exigirles el cumplimiento de los convenios y la diversificación de los renglones, en comunión con los directivos del Sistema de la Agricultura y la ANAP.

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