Pareciera
como si muchas personas naturales y jurídicas de la provincia de Las Tunas no
entendieran con nitidez la importancia del Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado
por el Gobierno para implantar la disciplina urbanística y contribuir a las
medidas concebidas en el programa nacional para enfrentar el cambio climático,
conocido como Tarea Vida.
La
aseveración está relacionada con valoraciones de especialistas y funcionarios
de varios organismos, que no cesan en advertir que multisectorialmente debe
andarse más ágil en la eliminación de
las ilegalidades detectadas en los ocho municipios, pues gran número
tributan a vulnerabilidades y riesgos frente a los nefastos caprichos del clima
De ahí, el
necesario énfasis en acelerar el completamiento en la erradicación de las 11
mil 197 violaciones registradas en el levantamiento del 2010, pues faltaban
tres 820, según información emitida a finales de octubre. Y como si fuera poco,
en el presente año han detectado 165.nuevos casos.
A menos de
dos meses de la terminación del 2018, reportaban que habían solucionado el 54
por ciento de las 334 irregularidades concebidas en el plan para el año, lo
cual merece una labor intensa para no incumplir como ocurrió en el 2017, cuando
faltaron más de 300 para llegar a la cifra prevista.
Un aspecto
cardinal en la compleja situación compete al combate contra construcciones
ilícitas o mal autorizadas, pues si no se ataca a tiempo ocurren cuantiosas
pérdidas de recursos por demoliciones y disgustos de dueños y vecinos.
Si no
imperar el orden constructivo, puede seguir complicándose la respuesta de los
trabajadores de Acueducto y Alcantarillado porque con el escaso parque de
transporte no satisfacen las solicitudes para la limpieza de las de 25 mil fosas existentes en Las Tunas, lo cual ocasiona
constantes desbordamientos que provocan focos
de insectos y malestares de la población.
Pese a
esfuerzos gubernamentales en la protección de las franjas costeras del norte y
el sur del territorio, debe ser superior el impacto de las acciones en puntos
estratégicos como el Puerto de Manatí, la Jíbara, El Socucho, Carúpano, La
Boca, La Llanita, La Playita y Boquerón, en Puerto Padre; La Herradura y
Cascarero, en “Jesús Menéndez,” y Guayabal, en Amancio; sitios donde pronostican
subidas del mar. En estos lugares
todavía detectan sustracciones de arena, obstáculos en la duna y falta de
siembras de mangle.
Nadie piense
que los daños climáticos estarán a larga distancia en el tiempo, pues ya se
registran en los frecuentes pasos de
eventos meteorológicos, cíclicas sequías y la ascendente salinidad de los
suelos a partir de las costas, con impactos negativos en la flora y la fauna.
Determinadas zonas reflejan disminuciones en especies y reducciones en
rendimientos en cosechas de alimentos y caña de azúcar.
La salinidad
y otros agentes contaminantes conspiran contra el manto freático, cuencas
hidrográficas y embalses de agua dulce, con influencia directa en la calidad del
líquido para las supervivencias humanas, animales y plantas. Por eso, la
insistencia en la eliminación paulatina de vertimientos agresivos de ríos,
arroyos, fábricas, cochiqueras de cerdos y otras indisciplinas de la
ciudadanía.
En las
previsiones requiere mayor impulso la construcción de pozos y reservorios de
agua en las comunidades, pues habitualmente le tiran en pipas a cientos de
habitantes de más de 400 localidades, y se incrementan en los períodos sequía.
Se suma que en los momentos críticos le trasladan el líquido a enormes masas de
ganado y para el riego de áreas de cultivos.
Sin dudas,
el Ordenamiento Territorial y la Tarea Vida necesitan de resultados más
efectivos para incrementar la disciplina urbanística y contribuir a que sean
menos crudos los efectos del cambio climático.
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